Encuesta BGC - Excélsior

 

Avalan que militares ayuden en seguridad; sólo 42% sabe que se discute la ley de seguridad interior

 

Por Ulises Beltrán y Alejandro Cruz 

  

Si bien se aprueba que se legalice la actuación continua de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, las opiniones se dividen sobre si esa intervención debe ser por todo el tiempo necesario o solo por un periodo claramente establecido mientras la policía se hace cargo. 

Se estima que la participación militar continua en ese renglón traerá más seguridad e, incluso, más respeto a los derechos humanos, máxime que se piensa que esos derechos se violan más cuando la policía está a cargo, según se observa en la encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior en torno al entorno de la discusión sobre la propuesta Ley de Seguridad Interior. 

Medianamente se sabe que está en discusión un proyecto de Ley de Seguridad Interior (42%). 

La opinión pública está principalmente de acuerdo con legalizar la actuación continua de los militares en la seguridad pública (59%) debido a que se percibe que combaten mejor la delincuencia, que están mejor preparados y equipados, que la policía ha sido ineficaz y que hay mucha inseguridad en la República Mexicana. 

No obstante, una minoría significativa, 37%, está en desacuerdo con regularizar la intervención permanente de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Para esta oposición se argumenta que la seguridad debe ser trabajo de la policía, que los elementos militares deben dedicarse a la seguridad nacional y que permitir la participación continua castrense en la seguridad interna puede llevar a abusos. De hecho, se conoce que las críticas que ha tenido el proyecto de Ley de Seguridad Interna se centran en el mayor poder que se les daría a las unidades militares y en el temor de que haya abusos y afectación a las libertades, facultades y reivindicaciones propias del ser humano, los derechos humanos. 

En realidad, de manera general la temporalidad de la intervención militar en seguridad pública divide opiniones. 41% coincide con que solo debe darse por un periodo claramente establecido mientras la policía reasume completamente esa actividad, pero para 37%, la participación militar debe darse por todo el tiempo que sea necesario para combatir la delincuencia y al crimen organizado. 

Únicamente 19% cree que el Ejército y la Marina deberían regresar ya a los cuarteles militares. 

La población distingue en torno a las áreas de seguridad pública y orden interno en las que las Fuerzas Armadas deben intervenir o no, así como sobre la temporalidad de su participación. Existe bastante consenso en que los militares deben involucrarse permanentemente en casos de desastres naturales (92%), en el combate tanto al narcotráfico (65%) como al crimen organizado en general (63%) y para enfrentar guerrillas (60%). En cambio, las opiniones están divididas en cuanto al combate a la delincuencia común. Se tiende a pensar, principalmente, que deben intervenir en el control de protestas violentas sólo si la policía no ha sido capaz de hacerlo (48%) y las opiniones se dividen sobre si nunca deben actuar para controlar manifestaciones de protesta social (41%) o si pueden hacerlo en caso de incapacidad policial (37%). 

La opinión pública cree que la seguridad pública ha aumentado en los lugares donde los militares se han encargado de esa labor (46%) y se piensa que naturalmente se incrementará de legalizarse su actuación continua en ese ámbito (56%). Se cree que se violan más los derechos humanos cuando la policía está a cargo de la seguridad pública que cuando los militares son los responsables de esa función. Por lo mismo, se tiende a estimar que habrá más respeto a esos derechos si la milicia participa permanentemente en brindar seguridad (46%). 

En cualquier caso, se cree que en los lugares donde hay participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, las altas autoridades civiles federales y estatales son las que deben decidir las principales medidas en esa materia (51%). 

Sobre el temor de que el gobierno pueda emplear a los militares para reprimir movimientos sociales, la mayoría de la población cree que sí existe una significativa probabilidad. 60% piensa que hay un alto o muy alto riesgo de que lo hagan para tratar de controlar o acabar con protestas políticas o sociales.