Encuesta BGC - Excélsior

 

Avalan pacto, pero hay escepticismo

 

Por Ulises Beltrán y Alejandro Cruz 

  

Entre la opinión pública pasó bastante inadvertido el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Economía y la Protección de la Economía Familiar, suscrito por el presidente Enrique Peña Nieto con representantes de los sectores productivos tras el alza al precio de los combustibles. Gustan las medidas que propone, pero prevalece el escepticismo sobre su cumplimiento y su efectividad para enfrentar la percibida situación económica negativa. La fuerte molestia por el llamado gasolinazo se mantiene, según se observa en la más reciente encuesta BGC-Excélsior sobre este tema.

Sólo 29% se enteró de este acuerdo firmado para enfrentar las consecuencias del alza de precios de las gasolinas. Una vez que se informa de su anuncio, tiende a haber más respaldo que rechazo hacia este pacto económico. 42% está de acuerdo o en parte y 30% se manifiesta en desacuerdo. 28% no sabe qué opinar. 

El acuerdo se ve atractivo en su contenido, pero se duda de su realización. En efecto, sus medidas principales reciben buena aceptación. La amplia mayoría las ve bien o muy bien, en particular modernizar el transporte público (88%), dar más facilidades para créditos a pequeñas y medianas empresas (88%) y evitar el alza de impuestos (90%). La reducción en 10% en las partidas de sueldos y gasto en gasolina de la alta burocracia también desde luego es aceptada, lo mismo que la vigilancia para evitar alzas inmoderadas de precios de alimentos, bienes y servicios. 

Sin embargo, prevalece la incertidumbre sobre su cumplimiento. Se estima poco o nada probable que se evite el aumento excesivo de precios de bienes y servicios (74%), que se modernice el transporte público (79%), que disminuya el gasto en gasolina de los mandos superiores del gobierno (81%), que no aumenten los impuestos (85%) y que se recorte el presupuesto para las remuneraciones de los altos funcionarios (87%). 

Este acuerdo llega en un momento en que se espera un incremento de precios en los productos de consumo cotidiano (muy/ bastante seguro, 88%). Alrededor de la mitad vislumbra problemas para pagar sus deudas y los gastos de transporte o servicios médicos, pero generalmente se descarta llegar al extremo de sacar a los hijos de la escuela o perder el empleo (poco/nada seguro, 60% y 63%, respectivamente). En cualquier caso, se percibe un horizonte más negativo que lo visto en 2009, cuando se anunció un acuerdo para afrontar la crisis de ese año. 

La población se muestra escéptica de que el acuerdo sirva de mucho para defender el bienestar económico de las familias. No se cree que ayude significativamente a proteger el empleo (poco/nada, 74%) o a la economía familiar (78%). En comparación, en 2009 había mayor optimismo sobre la efectividad del acuerdo de ese entonces. En general, la gente ahora entrevé un futuro económico cercano más negativo que el registrado hace ocho años, cuando el país empezaba a sufrir una recesión económica. En efecto, se observa un pesimismo mucho más extendido sobre lo que ocurrirá con la inflación, el desempleo, el endeudamiento público y la economía en general. 

El anuncio del referido acuerdo no ha podido disminuir el grado de enojo por el alza al precio de la gasolina. 71% dice estar muy enojado, prácticamente similar a lo registrado la semana pasada. El argumento que ha tratado de difundir el gobierno de Peña para justificar la medida no ha logrado aceptación de la opinión pública. Para la gente, el llamado gasolinazo se debe principalmente a que el gobierno mal administra sus recursos (75%). Sólo 7% cree que es producto sobre todo del aumento en el precio internacional de la gasolina que México importa, y 11% piensa que ambas razones explican el alza por igual. 

En el mismo tenor, la población continúa sin coincidir con la postura del gobierno sobre la mejor opción para enfrentar el problema del alza en el precio internacional de la gasolina. De las alternativas propuestas, la gente se sigue inclinando más por un subsidio con recursos que provengan de otros programas (33%). Apenas 10% escoge aumentar el precio interno del energético.