Encuesta BGC - Excélsior

 

72% avalan estrategia para fortalecer el Estado de derecho

 

Por Ulises Beltrán y Alejandro Cruz

  

Poco conocido, el anuncio presidencial de la estrategia para fortalecer la seguridad, la justicia y el Estado de derecho es bien visto una vez que se sabe su contenido. Particularmente gustan las acciones para fomentar el desarrollo del sur del país y para mejorar la impartición de justicia. La eliminación de las policías municipales y la disolución de los ayuntamientos si están infiltrados por el crimen organizado también generan aprobación, aunque menos que el resto de medidas, según se desprende de la última encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior

Relativamente pocos se enteraron del anuncio que hizo el presidente Enrique Peña Nieto de su estrategia de medidas para lograr un México en paz con justicia y desarrollo. Sólo cuatro de cada diez supieron de este evento. No obstante, al informar a la opinión pública sobre las acciones, la mayoría de la población las respalda (acuerdo/ en parte, 72%).

Las medidas anunciadas por el Presidente para mejorar la seguridad pública se consideran buenas o muy buenas; en especial, la creación del número telefónico nacional 911 para emergencias (79%) y el operativo especial de fuerzas federales en Tierra Caliente (75%). Alrededor del 60% ve también positivamente la eliminación de las policías municipales y su sustitución por policías estatales (60%), el establecimiento de la clave única de identidad (59%) y de la disolución de gobiernos municipales cuando existan indicios de que están involucrados con el crimen organizado (58%). 

Estas acciones se dan en un contexto donde se tiende a pensar que el gobierno municipal es la instancia de autoridad más débil para enfrentar al crimen organizado (40%), seguida en menciones por el gobierno federal (23%). Sólo el 6% cita al gobierno estatal, en tanto 24% afirma que todos los niveles de gobierno por igual. 

Para brindar seguridad a escala local, la población prefiere más que las policías dependan del gobierno estatal (53%). Únicamente 19% se inclina por dejarlas al mando de los gobiernos municipales. 

Debe agregarse que la creación de la clave única no se ve necesaria, pues 76% cree que con las claves de la credencial de elector o la CURP existentes es suficiente. A su vez, el número 911 se da en un contexto donde la población divide sus opiniones sobre las bondades de los números de emergencia, pues 53% cree que usualmente son poco o nada útiles, mientras 44% cree que sí sirven de algo o mucho. 

Las medidas para mejorar la impartición de justicia y para el combate a la corrupción son bien aceptadas. Ocho de cada diez las consideran buenas o muy buenas acciones para esos fines. Lo mismo ocurre con las iniciativas para impulsar el desarrollo económico y social en los estados más pobres del sur del país. 

En particular, destaca la positiva opinión sobre la idea de crear el sistema nacional de búsqueda de personas no localizadas, la mejora de la impartición de justicia en asuntos cotidianos y el programa de empleo emergente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Las medidas son percibidas como adecuadas (75%), pero insuficientes para alcanzar los fines que se propone la estrategia. La opinión pública se inclina a pensar que con estas acciones se disminuye la probabilidad de que se repita un caso como el de los normalistas de Ayotzinapa (44%).